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Comunicado del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal sobre proyecto de divorcio administrativo

El Directorio adhiere y pone a disposición el comunicado emitido por el presidente del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, Dr Ricardo Gil Lavedra, cuyo contenido comparte a continuación.

Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal

«Estimados/as colegas,

En esta ocasión quiero manifestarles la firme oposición del Colegio Público de la Abogacía en relación al proyecto de divorcio administrativo presentado por el Poder Ejecutivo. Este proyecto, tal como ha sido formulado, pone en serio riesgo la protección de derechos fundamentales y la seguridad jurídica de todas las partes involucradas. No se trata de una defensa corporativa, sino de tratar de que no prosperen iniciativas que pueden lesionar derechos fundamentales.

Por supuesto, estamos comprometidos/as con la defensa de nuestras incumbencias y hemos llevado adelante muchas acciones en ese sentido. Desde el inicio del tratamiento de la llamada Ley Bases mantuvimos un contacto fluido con legisladores/as y actores/as clave para exponer los peligros que implicaban las sucesiones notariales y los divorcios administrativos. Me reuní con los/as presidentes/as de todos los bloques de diputados/as y senadores/as, presentamos notas y dictámenes técnicos para fundamentar nuestra postura. De igual manera, nuestra posición fue reflejada por los medios gráficos nacionales con mayor alcance del país, como así también por la televisión, radios y medios provinciales y locales.

Afortunadamente, los proyectos fueron excluidos de la Ley Bases. No obstante, el gobierno ha enviado ahora el de divorcios administrativos y anuncia para el futuro próximo el de sucesiones notariales.

Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, incluyendo recursos judiciales si fuese necesario, para defender los derechos de los/as abogados/as y garantizar que el acceso a la justicia y la seguridad jurídica no sean vulnerados por esta reforma.

En esa línea quiero hacerles llegar las principales razones de nuestro rechazo y las medidas que seguiremos tomando.

En este sentido, deseo destacar los siguientes puntos clave:
Derecho al debido proceso: La intervención judicial en los procesos de divorcio no es una mera formalidad, sino una garantía fundamental de acceso a la justicia. Un divorcio no es sólo la disolución de un vínculo matrimonial; tiene profundas implicancias patrimoniales y personales que requieren supervisión adecuada. Sin la intervención de un/a juez/a, existe el riesgo de que no se respeten derechos fundamentales protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Además, la asistencia de los/las profesionales de la abogacía asegura que ambas partes comprendan las consecuencias legales y económicas del divorcio.
Control judicial como elemento esencial: El control judicial en los procesos de divorcio es indispensable para asegurar la legalidad y equidad de las decisiones. Los/as jueces/zas no solo protegen los derechos de las partes, sino también los de terceros que podrían verse afectados/as, como acreedores/as o herederos/as. La ausencia de control judicial debilitaría el rigor necesario para garantizar decisiones conforme a derecho.
Seguridad jurídica y protección de terceros: Solo a través de la intervención judicial puede asegurarse que las decisiones que se tomen sobre bienes, deudas y obligaciones tengan el carácter de cosa juzgada, proporcionando estabilidad y evitando futuros conflictos. Un procedimiento administrativo nunca brindará esta seguridad jurídica.
Asesoramiento profesional como garantía de equilibrio: Los/las abogados/as no representan una traba burocrática, sino una garantía de que las partes comprenden plenamente sus derechos y obligaciones. Sin asesoramiento legal, una parte podría encontrarse en desventaja, especialmente si carece de conocimientos jurídicos o recursos económicos. La intervención de un/una profesional asegura que las decisiones tomadas sean justas y equitativas.
Repárese que el proyecto solo requiere mutuo acuerdo para decidir libremente sobre la compleja gama de situaciones que tiene el matrimonio. Sin abogados/as y sin juez/a esos acuerdos son una puerta abierta al abuso de una parte sobre otra, en temas muy delicados como los/as hijos/as y los bienes.

Es por estas razones que públicamente estamos pidiendo al Congreso de la Nación que no apruebe este proyecto, ya que, bajo el pretexto de desjudicializar, se ponen en peligro derechos fundamentales. Solo un/a juez/a, no un/a oficial administrativo/a, puede controlar la equidad y legalidad de acuerdos de parte sobre temas muy trascendentes. Este proyecto desconoce el impacto que una decisión meramente administrativa puede tener sobre la sociedad conyugal, el derecho a percibir una compensación económica y los derechos de terceros.

No tengan dudas de que vamos a seguir defendiendo la legalidad, los derechos y la importante función que cumple el/la abogado/a en una sociedad democrática.»

Ricardo Gil Lavedra
Presidente CPACF

Comunicado del Directorio

Luego de la reunión mantenida entre las autoridades del Poder Judicial y las asociaciones gremiales, el Directorio del Colegio de Abogados emitió el siguiente comunicado.

Conforme a las versiones periodísticas acerca de la reunión mantenida por las máximas autoridades del Poder Judicial con las asociaciones gremiales, el Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial, solicita con carácter de urgencia, tanto a nuestra excelentísima Suprema Corte de Justicia, como al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, que en el ámbito de sus respectivas competencias, atribuciones y facultades, adopten las medidas necesarias y desplieguen los actos que resultan necesarios para garantizar a la ciudadanía la adecuada prestación del servicio de Justicia.

Tal como se ha expresado en notas anteriores, la situación actual obstaculiza gravemente el derecho Constitucional y Convencional de acceso a la Justicia de todos los mendocinos, afección que se extiende a la tarea de nuestros matriculados, que son quienes representan y patrocinan a aquellos para la tutela efectiva y oportuna de sus derechos.

Mendoza, 23 de Mayo de 2.024.

Comunicado de la Federación de Colegios sobre el proyecto de ley de procesos sucesorios no contenciosos y divorcios administrativos

La Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza emitió un comunicado en repudio del mencionado proyecto de ley. Se puede descargar aquí debajo.

Nota-Federacion-Suce.-y-Div.-Adm.-DNU-OMNIBUS

Colegio de Abogados de Mendoza rechaza el proyecto de Ley de procesos sucesorios no contenciosos y divorcios administrativos

La Institución que nuclea a los profesionales del Derecho de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza interpreta que el proyecto mencionado resulta contrario al orden constitucional y que atenta contra el debido proceso. El texto completo del comunicado se puede consultar debajo.

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza rechaza el proyecto de ley de procesos sucesorios no contenciosos y divorcios administrativos por resultar contrario al orden constitucional, y especialmente por atentar contra el debido proceso, la garantía del juez natural y la seguridad jurídica que debe primar en procesos de carácter universal y concernientes al estado civil de las personas.

Asimismo, manifiesta que los cambios normativos propuestos, distan de conformar soluciones jurídicas necesarias para paliar la emergencia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, explicitada como el fundamento general del proyecto de ley y no guardan ninguna relación directa o indirecta con ello.

Destaca que los trámites judiciales existentes en las materias aludidas prevén alternativas simples, ágiles y seguras en el marco del proceso judicial pertinente que no justifica la supresión de principios constitucionales de debido proceso y juez natural que garantizan y velan por la seguridad jurídica exigida por la ciudadanía.

Por los motivos mencionados es que expresa su rechazo e insta a los legisladores que representan a Mendoza a expresarse en el mismo sentido en el debate parlamentario, procurando nuevamente la defensa y el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados se expresó sobre la Ley Ómnibus

Emitió un comunicado acerca de las Sucesiones Notariales y Divorcios Administrativos. El Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial adhiere a lo expresado. El texto completo está disponible debajo en la nota.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), expresa su total rechazo a los proyectos de Divorcio Administrativo y Sucesiones Notariales contenidos en la Ley Ómnibus ingresada a la Cámara de Diputados en fecha 27/12/2023 (Art. 352 y Anexo IV respectivamente), que implican el traspaso de los procesos sucesorios y divorcios de la órbita judicial a sede administrativa. La pretendida desregulación atenta contra la seguridad jurídica y el interés de la ciudadanía, que no es otro que actuar en base a la certeza y legitimación de sus derechos reconocidos por los jueces y juezas únicos investidos de facultades jurisdiccionales, so pretexto de abaratar costos lo que constituye una verdadera falacia. De igual modo advertimos que la sustracción de materia proyectada que es propia de la abogacía, significa una franca violación de normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

Los profesionales del derecho fuimos y seguiremos siendo los únicos capacitados científicamente para dar respuesta a la sociedad tanto de manera preventiva como resolutiva a los conflictos en materia de derecho de familia y derecho sucesorio, no debiendo soslayar el inigualable aporte en dicha tarea como verdaderos garantes de la paz social.

Por ese motivo desde la abogacía organizada de todo el país instamos a los señores legisladores a desechar el proyecto de Ley cuestionado resguardando de tal modo el interés general.

Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Colegio de Abogados de Mendoza analizará el DNU 70/2023 desde el punto de vista constitucional

La Institución que representa a los profesionales del Derecho de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza solicita la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación Argentina para su tratamiento.

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza comunica que, en ejercicio de las atribuciones que le competen, especialmente en la vinculación con la ciencia del Derecho y la legislación en general, se encuentra abocado al análisis jurídico y constitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, con la exclusiva intención de reforzar el cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución Nacional, velar por el ejercicio legítimo del Poder Legislativo Nacional y defender el Sistema Republicano de Gobierno como garantías máximas del Estado de Derecho de la República Argentina.

En el marco antes expresado la Institución reclama la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70 del 2023, ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación Argentina, para su pronto tratamiento en resguardo del Sistema Republicano de Gobierno.

Comunicado por tareas de mantenimiento en la aplicación IOL y el Sistema de Notificaciones

Desde el viernes 24 y hasta el domingo 26 inclusive habrá diversas tareas de mantenimiento en las plataformas mencionadas, por lo que el servicio se verá afectado.

El Poder Judicial de Mendoza informó que durante el viernes 24 y hasta el domingo 26 inclusive, se realizarán tareas de mantenimiento sobre la base de datos que podrían afectar el normal funcionamiento de la aplicación IOL.

Además, desde las 8hs del viernes 24 hasta las 23.59 del domingo 26 estará fuera de servicio el Sistema de Notificaciones también por mantenimiento.

Federación de Colegios de Mendoza aclaró el pedido de extensión de la suspensión plazos procesales a la Corte

Compartimos un comunicado de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza que aclara el pedido de extensión de la suspensión de los plazos procesales al Poder Judicial y además sintetiza las actividades, reuniones y gestiones realizadas ante diferentes instituciones y organismos para restablecer la actividad de los profesionales del Derecho y la Justicia en nuestra Provincia.

Los interesados pueden consultar el texto completo aquí debajo.

COMUNICADO-FEDERACION-COLEGIOS-DE-ABOGADOS-Y-PROCURADORES-DE-MENDOZA

Coronavirus: recomendaciones y sugerencias para profesionales del Derecho

El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza comunica que se analizó el tema junto a la Corte y se sugiere a los profesionales que asistan a Tribunales sólo en caso de ser necesario. Es decir, audiencias o presentaciones urgentes.

Además se recomienda que traten de concurrir en horarios en los que haya menor concentración de abogados; es decir que se eviten los horarios pico y que se extremen los cuidados y precauciones para prevenir el contagio y el avance de esta enfermedad.

Los integrantes del Directorio informaron además que se está trabajando en un protocolo para no perjudicar a los profesionales del Derecho que tengan que cumplir cuarentena. En estos casos se les podría permitir solicitar que se les suspendan los plazos de todos sus expedientes.

Sobre el Banco Nación

La situación del Banco también fue un tema abordado con la Corte. Comunicaron que desde hace cerca de dos años que el primer lunes de cada mes se mantuvieron reuniones con el gerente de esa Entidad Bancaria sin obtener respuestas ni soluciones.

De la reunión participaron Andrea Disparte, Pablo Bittar, Alejandra Lanci, Ramiro Villalba, Sergio Molina y Luciano Suárez, quienes acordaron con los ministros trabajar de manera conjunta para buscar una solución que priorice una atención más expeditiva y eficiente para el profesional. Ya sea afectando más empleados o que se preste un servicio exclusivo a los temas judiciales.

Fuero de Familia

Respecto de la profunda preocupación del Directorio acerca del Fuero de Familia los representantes del Colegio solicitaron a los ministros formar parte de la comisión que se va a crear para analizar cómo se trabajará en el caso de ese fuero que resulta urgente atender.

Conflicto en la justicia: el Colegio se ofrece para buscar una solución

Ante la continuación de la discrepancia de opiniones que generó en la justicia la Acordada N° 29.489 el Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial exhorta a las partes a llegar a un acuerdo que beneficie especialmente al justiciable. Además comunica que sigue a disposición para ayudar a buscar una solución al desacuerdo.

La semana pasada autoridades del Colegio de Abogados y procuradores de Mendoza expresaron su profunda preocupación por la situación que generó la Acordada N° 29.489 y las consecuencias que prevén que su aplicación puede ocasionar al servicio de justicia.

El Directorio opinaba que resulta impostergable la necesidad de mejorar las condiciones del fuero de Familia, desatendido por años. Tal como lo ha denunciado reiteradamente este Colegio, esta situación crítica se ha tornado insostenible.

Sin embargo, consideramos que este plausible objetivo no debe lograrse resintiendo el funcionamiento del fuero Civil, pues ello supondría arriesgar seriamente el éxito de las reformas procesales introducidas recientemente.

Asimismo, no podemos dejar de advertir la inconveniencia que supone la imposición de modificaciones sorpresivas, o que prescindan del necesario debate entre todos los operadores jurídicos. Es sabido que el éxito de cualquier reforma supone la obtención de los consensos necesarios para llevarlas a cabo.

A modo de aporte, sugerimos la creación de una comisión especial -con participación de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y este Colegio- que tenga por objeto analizar detalladamente el impacto y conveniencia de la redistribución de tareas proyectada, y proponer las opciones y medidas más adecuadas para la obtención de los resultados pretendidos.

Al no vislumbrar una solución al conflicto el Directorio del Colegio reafirma su preocupación, exhorta a las partes a llegar a un acuerdo y nuevamente se ofrece para contribuir a buscar una solución que beneficie a las partes y especialmente, al justiciable.