Ambas instituciones se comprometen a cooperar y colaborar en el desarrollo de proyectos vinculados con la capacitación y formación de recursos humanos para prevenir la violencia contra las mujeres.
En representación del Ejecutivo provincial, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, firmó un acuerdo de colaboración con la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, Andrea Maturana.
Este convenio tiene por finalidad la cooperación y colaboración para desarrollar proyectos vinculados con las incumbencias de ambas instituciones en materia de género y violencia contra las mujeres, que involucren capacitación y formación de recursos humanos, intercambio de experiencias, asistencia técnica y toda otra iniciativa para beneficio de ambos signatarios en el marco de la ley nacional 27499, Ley Micaela.
¿Cómo se instrumentará?
El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia (MGTyJ) pondrá a disposición hasta 100 cupos por cohorte virtual del Curso Ley Micaela que se destinarán a personal y profesionales afiliados al Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial.
El Colegio remitirá el listado de profesionales que participarán de cada cohorte y, finalizado y aprobado el cursado, el Ministerio emitirá los certificados de forma digital, a través de la plataforma del IPAP (Instituto Provincial de Administración Pública), y llevará el registro de las personas aprobadas.
Ley Micaela y su aplicación en Mendoza
A través de la Ley Provincial 9.196 Mendoza adhirió a la Ley Nacional 27.499 -conocida como Ley Micaela-, que dispone la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Esta Ley promueve la formación en temas de género y violencia contra las mujeres en los ámbitos públicos se impulsó a partir del femicidio de la joven Micaela García, ocurrido el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Su femicida, Sebastián Wagner, quien cumplía una pena de 9 años por abuso sexual, asesinó y violó a la joven mientras gozaba del beneficio de la libertad anticipada.
