La Jueza de la Quinta Cámara de Apelaciones Civil desarrolló la temática en un taller que organizó el Colegio de Abogados de Mendoza.
El taller profundizó en aspectos prácticos tales como las facultades de los jueces de cámara para conciliar las pretensiones de las partes litigantes, la debida fundamentación del recurso de apelación, y las causales de deserción.
La disertación de Patricia Canela fue presencial y se realizó en el auditorio del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.
Ambas instituciones se comprometen a cooperar y colaborar en el desarrollo de proyectos vinculados con la capacitación y formación de recursos humanos para prevenir la violencia contra las mujeres.
En representación del Ejecutivo provincial, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, firmó un acuerdo de colaboración con la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, Andrea Maturana.
Este convenio tiene por finalidad la cooperación y colaboración para desarrollar proyectos vinculados con las incumbencias de ambas instituciones en materia de género y violencia contra las mujeres, que involucren capacitación y formación de recursos humanos, intercambio de experiencias, asistencia técnica y toda otra iniciativa para beneficio de ambos signatarios en el marco de la ley nacional 27499, Ley Micaela.
¿Cómo se instrumentará?
El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia (MGTyJ) pondrá a disposición hasta 100 cupos por cohorte virtual del Curso Ley Micaela que se destinarán a personal y profesionales afiliados al Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial.
El Colegio remitirá el listado de profesionales que participarán de cada cohorte y, finalizado y aprobado el cursado, el Ministerio emitirá los certificados de forma digital, a través de la plataforma del IPAP (Instituto Provincial de Administración Pública), y llevará el registro de las personas aprobadas.
Ley Micaela y su aplicación en Mendoza
A través de la Ley Provincial 9.196 Mendoza adhirió a la Ley Nacional 27.499 -conocida como Ley Micaela-, que dispone la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Esta Ley promueve la formación en temas de género y violencia contra las mujeres en los ámbitos públicos se impulsó a partir del femicidio de la joven Micaela García, ocurrido el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Su femicida, Sebastián Wagner, quien cumplía una pena de 9 años por abuso sexual, asesinó y violó a la joven mientras gozaba del beneficio de la libertad anticipada.
