El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de Mendoza expresa su profunda preocupación por la situación generada a partir del reciente dictado de la Acordada N° 29.489, y las consecuencias que su aplicación puede ocasionar al servicio de justicia.
Resulta impostergable la necesidad de mejorar las condiciones del fuero de Familia, desatendido por años. Tal como lo ha denunciado reiteradamente este Colegio, esta situación crítica se ha tornado insostenible.
Sin embargo, consideramos que este plausible objetivo no debe lograrse resintiendo el funcionamiento del fuero Civil, pues ello supondría arriesgar seriamente el éxito de las reformas procesales introducidas recientemente.
Asimismo, no podemos dejar de advertir la inconveniencia que supone la imposición de modificaciones sorpresivas, o que prescindan del necesario debate entre todos los operadores jurídicos. Es sabido que el éxito de cualquier reforma supone la obtención de los consensos indispensables para llevarlas a cabo.
Por lo expuesto, exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia a que disponga la inmediata suspensión de la normativa cuestionada.
A
modo de aporte, sugerimos la creación de una comisión especial -con
participación de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y
este Colegio- que tenga por objeto analizar detalladamente el impacto
y conveniencia de la redistribución de tareas proyectada, y proponer
las opciones y medidas más adecuadas para la obtención de los
resultados pretendidos.
