Martina Funes

Autoridades del Colegio elaboraron un comunicado donde expresan su inquietud por algunas expresiones vertidas públicamente sobre el funcionamiento del Poder Judicial en nuestra provincia y la falta de actividad de un servicio escencial como es la Justicia. Compartimos el texto completo.

Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza manifestamos suma preocupación en cuanto a las alocuciones vertidas por un Ministro de la Corte a través de medios de comunicación en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial. No desconocemos el esfuerzo realizado por el organismo más alto de la Justicia mendocina para sortear la emergencia sanitaria, sin embargo, entendemos que esos avances no llegan aún en manera alguna a cubrir las urgentes necesidades de los justiciables, y mucho menos la de los matriculados a quienes representamos. La realidad es que al día de hoy, un alto porcentaje del Poder Judicial ha suspendido sus actividades.
El servicio de Justicia de alguna manera se veía resentido por la demora en la tramitación de las causas traídas a su conocimiento, y tanto la despapelización como la digitalización eran una deuda pendiente con la sociedad, aún antes del Covid-19. Lamentablemente la realidad se impuso mediante esta pandemia y nos lleva a la necesidad de repensar su funcionamiento en su totalidad.
La situación de nuestros colegiados es desesperante, ya que se encuentra hoy totalmente limitada la tramitación de los expedientes que se le han encomendado, situación que se advierte de mayor manera en la Justicia de Familia, donde la digitalización está hoy mucho menos avanzada que en el resto de los fueros.
De allí que las manifestaciones de uno de los Magistrados de la Corte han generado una gran confusión en la población, ya que muchas personas que tienen procesos pendientes, o que necesitan iniciarlos de manera urgente, consideran a partir de las declaraciones que pueden hacerlo, cuando en realidad no es así. Como dijimos en principio, reconocemos que se está trabajando para lograr avances, pero ese trabajo resulta hoy insuficiente para considerar que nos encontramos frente a una actividad judicial normal.
Por su parte los profesionales, que son verdaderos cuentapropistas, no se encuentran exceptuados de la cuarentena, lo que hace que en muchos, debido al limitadísimo funcionamiento actual de la Justicia, no pueden sustentar sus necesidades más básicas.
Es por eso que exhortamos a las autoridades de nuestro más alto Tribunal a seguir profundizando la manera de poder trabajar en esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos inmersos, y hasta que no se encuentren plenamente integrados ambos lados de la mesa de entrada, es decir el ámbito judicial, los profesionales del Derecho y los justiciables en general, se abstenga de informar el normal desenvolvimiento del sistema Judicial de la provincia de Mendoza en todos sus fueros.
Para que esto suceda es necesaria la urgente implementación de las autorizaciones pertinentes de los abogados y procuradores para desplazarse en casos de urgencia, tanto para la atención de las personas que lo requieran, como para la realización de trámites urgentes, tales como lo son la obtención de la firma digital recientemente habilitada, así como la disposición de un sistema de turnos de atención en los juzgados que se encuentran funcionando. Entendemos además que resulta de suma urgencia administrar los medios para dar un funcionamiento adecuado al Fuero de Familia, ya que los requerimientos de la sociedad con relación a estas causas resultan verdaderamente urgentes.
Sin ánimo de polemizar, y en el afán de encontrar soluciones comunes a la pandemia que nos aqueja, nos pronunciamos con el fin de evitar comunicaciones prematuras y avances no integrales del sistema de justicia, dentro del ámbito de nuestras competencias. Sólo pedimos se considere realmente al abogado particular y al justiciable que representa.