La Comisión de Derecho Previsional solicitó medidas para resguardar la salud pública y el trato a los adultos mayores.
El
Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, por intermedio de su
Comisión Académica de Derecho Previsional, expresan su profunda
preocupación ante el caos y peligro a la sanidad pública que se
generó a partir de las medidas implementadas para el cobro de los
haberes previsionales, donde miles de personas recibieron un trato
indigno, pero además fueron expuestas al contagio, poniendo en grave
riesgo su propia salud y la salubridad pública en general.
Entendemos que el servicio bancario es una actividad esencial
que debe continuar en funciones durante el período de cuarentena,
habida cuenta que la totalidad de las prestaciones
alimentarias comprendidas en la seguridad social dependen del
sistema financiero, con lo cual, la subsistencia fundamental de la
persona vulnerable depende directamente de la regularidad del
servicio.
De igual modo debe entenderse esencial y necesario
el funcionamiento de la Anses, en tanto organismo del cual dependen
18 millones de argentinos sumidos en prestaciones de la seguridad
social de carácter esencial y alimentario. Resulta evidente que su
funcionamiento no puede ser anulado en un todo, si bien podría
restringirse a la atención de las situaciones más urgentes.
Es
por ello que solicitamos a las autoridades del Poder Ejecutivo
nacional, Secretaría de Seguridad Social, entidades bancarias
públicas y privadas y Anses, que dispongan la regularización de los
servicios bancario y de la seguridad social, declarando los
actividades exceptuadas del aislamiento y cuarentena vigentes, así
como que se arbitre medios alternativos de pago de haberes para
aliviar el sistema actual ya colapsado en épocas normales.
Exhortamos
con gran preocupación a que se tomen las medidas urgentes, pero
también suficientes y eficaces, a fin de acordar un trato digno a
los adultos mayores y suficiente para cubrir sus necesidades
fundamentales en estos momentos de excepcional crisis sanitaria.
