La Suprema Corte bonaerense confirmó una prestación equivalente al salario mínimo para una madre en extrema vulnerabilidad, reafirmando la exigibilidad judicial de los derechos sociales y el deber estatal de adoptar medidas positivas.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia que ordenó a la Provincia reconocer a favor de E.V.O. una prestación mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil, destinada a garantizar la subsistencia de su grupo familiar, integrado por cuatro hijos, tres de ellos con discapacidad severa, mientras persista su situación de extrema vulnerabilidad.
El Tribunal consideró que la recurrente no logró refutar los fundamentos esenciales de la sentencia de Cámara, limitándose a reiterar agravios ya desestimados. Asimismo, sostuvo que el Poder Judicial no invade competencias del Poder Ejecutivo cuando controla omisiones estatales que comprometen derechos fundamentales, especialmente en casos que involucran personas en situación de vulnerabilidad, niños y personas con discapacidad. La decisión se fundamentó en el deber constitucional e internacional del Estado de adoptar medidas positivas para garantizar una vida digna y proteger el interés superior del niño.
Los interesados pueden acceder al fallo completo en el siguiente enlace: https://mendozalegal.com/2026/07/29/el-derecho-a-una-vida-digna/