Cómo es de público conocimiento, por estos días se debate respecto del funcionamiento del sistema universitario argentino.

La educación debe ser una prioridad nacional y una política de Estado. De este modo, se permite construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.

Por tal motivo, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza considera oportuno recordar estos principios, al mismo tiempo que exhorta a las autoridades que correspondan a mantener un diálogo respetuoso y responsable, que preserve del mejor modo posible el derecho a la educación como garantía fundamental de nuestra sociedad, tal como ha sido consagrado constitucionalmente.