Así lo entendió cuando escuchó a sus matriculados y analizó el temario a tratar. Interpretan que no se está teniendo en cuenta la realidad económica de los matriculados, entre otras consideraciones.

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial expresa su profunda preocupación a raíz de la situación generada por la próxima asamblea de la Caja Forense, fijada para el viernes 11 de junio. Sobre el particular se han recibido innumerables pedidos y quejas por parte de un importante número de profesionales del Derecho, quienes interpretan que se estaría violando la normativa previsional específica y no se estaría ponderando su realidad económica, entre otros aspectos.

Entienden que la decisión adoptada por las autoridades de la Caja Forense en cuanto a la modalidad para el desarrollo de la Asamblea violaría la manda judicial dictada en los Autos N° 267002 “Funes Carlos Alberto y otros c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza p/ acción de amparo”, y la propia ley específica de la entidad, pues se estaría privando al órgano deliberativo por excelencia del Derecho a discutir todo lo que fuera atinente al porcentaje de aumento de los aportes. La modalidad que se pretende implementar (de dos opciones cerradas, por diferentes porcentajes de aumentos, del 34,5% y del 41%) no permitiría el debate propio que debiera desarrollarse en esa oportunidad.

La deliberación no debiera prohibirse ni limitarse en modo alguno, máxime en el contexto de grave crisis económica que afecta al país en general y a los profesionales en particular. Mientras la mayoría de los aportantes -sobre todo los más jóvenes aún con dificultades para insertarse exitosamente en el mercado laboral- no pueden afrontar aumentos desmedidos, los jubilados reclaman por una mejora sustancial de sus haberes, generando con ello una tensión y enfrentamiento permanente entre colegas. Esta situación se repite y agrava año tras año, sin que aparezcan responsables en procura de una solución superadora y beneficiosa para el conjunto.

Por ello, canalizando las inquietudes planteadas por nuestros matriculados, el Colegio de Abogados y Procuradores se ve en la necesidad de instar a las autoridades de la Caja Forense a una revisión de los procedimientos cuestionados, en aras a atender la grave situación descripta y garantizar la sustentabilidad de nuestro sistema previsional en beneficio de todos.