El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza participó activamente en el análisis del proyecto de Régimen Procesal Penal Juvenil, a través del trabajo realizado por su Comisión de Derecho Penal, que estudió la iniciativa legislativa y formuló una serie de observaciones y propuestas destinadas a mejorar su contenido y fortalecer las garantías procesales.
Los aportes fueron puestos a consideración de la Legislatura provincial durante el tratamiento del proyecto y varias de las sugerencias formuladas por el Colegio fueron receptadas e incorporadas al texto sancionado, tales como:
- Acceso al legajo y a los sistemas de gestión: se propuso garantizar expresamente a las partes el acceso al legajo digital y a los sistemas de gestión, incluyendo el acceso de la defensa técnica del adolescente.
- Valoración de los riesgos procesales: se sugirió precisar los presupuestos para su evaluación mediante la incorporación de la expresión “indicios vehementes”.
- Declaración de inimputabilidad: se propuso dejar expresamente establecido que la defensa también pueda solicitarla, así como precisar el carácter vinculante del dictamen fiscal en los supuestos contemplados.
- Reserva y confidencialidad: se planteó que la reserva de determinada información no resulte oponible a los abogados de las partes, resguardando de este modo el adecuado ejercicio del derecho de defensa.
- Actuación colegiada del Tribunal Penal Juvenil: se incorporó el derecho a requerir la actuación colegiada del Tribunal en los procedimientos de flagrancia.
- Defensa técnica y defensor de confianza: se propuso sustituir la expresión “defensa especializada” por “defensa técnica”, preservando al mismo tiempo el derecho del adolescente a contar con un defensor de su confianza.
- Monitoreo electrónico: se efectuaron observaciones respecto de los supuestos en los que puede utilizarse esta herramienta, vinculándola al control de determinadas pautas de conducta y diferenciándola de la suspensión del proceso a prueba.
La intervención del Colegio se desarrolló desde una perspectiva estrictamente técnica, procurando contribuir a la construcción de un régimen que contemple las particularidades propias del proceso penal juvenil y que, al mismo tiempo, asegure plenamente el debido proceso, el derecho de defensa y las garantías de los adolescentes sometidos a proceso.
Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza valoramos especialmente que la Legislatura y el Ministerio de Seguridad y Justicia hayan abierto espacios para escuchar los aportes de quienes trabajan cotidianamente con el sistema jurídico y que las observaciones realizadas por nuestra Comisión de Derecho Penal hayan tenido una incidencia concreta en la redacción de la norma.
El Colegio continuará promoviendo la participación activa de sus Comisiones en los procesos legislativos vinculados con el ejercicio profesional y la administración de justicia, convencido de que el diálogo institucional y el aporte especializado enriquecen la calidad de las normas y fortalecen el Estado de Derecho.